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LA RESPONSABLIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DESPUÉS DE LA REFORMA DE LA LO 5/2010 :

Una de las principales novedades operadas por la reforma del Código Penal que se aprobó mediante la Ley Orgánica 5/2011 de 22 de junio es la introducción por primera vez dentro del sistema penal español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta aportación de la reforma supone una ruptura y un giro de trescientos sesenta grados sobre el principio “ societas delinquere non potest” y la inclusión de una serie de medidas y consecuencias penales para las sociedades. Así, ahora nos encontramos al Código Penal nuevas penas susceptibles de poderse imponer a las sociedades (ver el artículo 33.7 CP):



a) Multa (por cuotas o proporcional).
b) Disolución de la persona jurídica. Esta produce la pérdida de personalidad jurídica y de capacitado de actuar.
c) Suspensión de las actividades hasta cinco años.
d) Clausura de sus locales/establecimientos hasta cinco años.
e) Prohibición de realizar determinadas actividades relacionadas con el delito (hasta quince años).
f) Inhabilitación para poder obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social (hasta quince años
g) Intervención judicial de la empresa (hasta cinco años)

Además, los juzgados de Instrucción podrán adoptar la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades y la intervención de la sociedad como Medidas Cautelares mientras dure el procedimiento (Arte. 33.7 CP).

Quedan excluidas de esta responsabilidad penal aquellas personas jurídicas que tengan carácter público, las cuales quedan definidas en el artículo 31 bis CP. Si bien con algunas nos resultará sencillo de detectarlas (Estado, CCAA, Hacienda, Sindicados, Partidos Políticos,...), en otras tendremos que recurrir a la normativa sectorial administrativa con objeto de determinar o no su exclusión al ámbito de aplicación de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, estas quedan definidas en leyes como la Ley 28/2006 de Agencias estatales por la Mejora de los Servicios Públicos (LAE), la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado Sido (LOFAGE) o la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), esta última define las Entidades Públicas Empresariales.

También es novedoso el sistema de atenuantes específicas que se incluye para las personas jurídicas. De esta forma, en el artículo 31 *bis 4 CP encontramos:

a) Confesión.
b) Colaboración con la investigación penal.
c) Reparación del daño.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometer ´ s en el si o bajo la cobertura de la propia sociedad.

Todas las anteriores circunstancias, que tienen claras finalidades de política – criminal – se pretende la colaboración de las empresas en la lucha contra los delitos económicos- , plantean el debate en la Doctrina sobre sí son aplicables la resta d´ Atenuantes genéricas contempladas en el artículo 21 CP o bien únicamente son aplicables las que acabamos de mencionar.

Añadir también que esta criminalización de los entes jurídicos no excluye la responsabilización de sus administradores o personas físicas que hayan ostentado el control en la comisión de los hechos imputables (Art. 31 bis 1. y 2.), puesto que el objetivo de la reforma es independizar ambas responsabilidades.

De todos modos, si bien se ha roto con el pasado y con bases de la Teoría del Delito, la Doctrina no es pacífica en la interpretación de estos nuevos preceptos y en especial en cómo han de operar en el seno de nuestro sistema penal. No hay que decir, que la reciente aplicación por parte de nuestros tribunales haga que estemos en un terreno para descubrir y donde la carencia de jurisprudencia al respeto obliga a ser altamente prudentes en el tema.

 
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